La Mutualidad de la Abogacía se ha integrado en la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) para adherirse a su estructura organizativa.

La Mutualidad de los abogados, la primera en tamaño y fondos gestionados de España, podrá aportar a UNESPA su experiencia en previsión social alternativa a la Seguridad Social, acumulada después de haber realizado el cambio de su gestión desde una mutualidad de reparto a una entidad de capitalización; así como contar con el apoyo de UNESPA para trabajar en la mejora del papel que las mutualidades profesionales, alternativas a la Seguridad Social, pueden aportar como solución a la crisis del sistema público de pensiones.

Con esta experiencia, la Mutualidad de la Abogacía está en una situación privilegiada para añadir a la configuración de UNESPA una nueva visión sobre el camino a seguir por las mutualidades que gestionan el primer pilar de la previsión social de muchos profesionales.

La Mutualidad de la Abogacía es la entidad aseguradora propia de los abogados, que opera sin ánimo de lucro para ofrecerles la posibilidad de satisfacer todas sus necesidades de previsión, ahorro y seguro. Cuenta con la confianza de más de 171.000 mutualistas, gestiona un volumen de ahorro de casi 3.400 millones de euros, invertidos en activos financieros e inmobiliarios. Se encuentra situada entre las 15 primeras entidades aseguradoras de España y en el primer lugar del ranking como mutualidad de previsión social.

UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro que representa a algo más de 250 entidades aseguradoras lo que supone ostentar la representación de más del 96% del mercado asegurador. UNESPA viene desarrollando su actividad desde 1977. Sus funciones son representar, gestionar y defender los intereses profesionales, económicos y sociales comunes a las entidades asociadas ante toda clase de personas, organismos, organizaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales. También tiene entre sus funciones la de prestar servicios de valor añadido a los asociados, colaborar con las instituciones en aquellos asuntos que afecten al seguro y, en general, desarrollar cualquier función que sea necesaria para la defensa de los intereses del sector asegurador.