El pasado lunes 14 de diciembre nuestro decano, Andrés de Diego, representó al Colegio de Abogados de Cantabria en un debate sobre el presente y futuro de la Administración de Justicia tras la llegada de la COVID-19.

El Diario Montañés reunión a los principales operadores jurídicos de Cantabria para analizar las medidas que se han tenido que adoptar para asegurar el funcionamiento de la Justicia durante la pandemia, así como las propuestas de futuro para el sector. Una actividad que da continuidad a la iniciada desde nuestro Colegio con la Mesa Redonda para la Reactivación de la Justicia, el pasado mes de junio. 

Junto al decano, estuvieron la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, Paula Fernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; la fiscal superior , Pilar Jiménez Bados; y de Rosaura Díez, decana del Colegio de Procuradores.

Todos ellos coincidieron en destacar el valor del trabajo en equipo realizado por los operadores jurídicos desde la primera declaración del estado de alarma, creando un grupo de trabajo para coordinar las distintas medidas aplicadas y poder garantizar los servicios mínimos durante el periodo de paralización judicial.

Desde el reparto de mascarillas, reorganización de los aforos en las sedes judiciales y la puesta en marcha de la cita previa, hasta la considerable mejora del sistema Vereda para facilitar el acceso y uso de expedientes judiciales electrónicos. Acciones a ejecutar en tiempos mínimos, que han salido adelante gracias a la coordinación de todas las instituciones implicadas.

De hecho, De Diego destacó que “comparada con otras aplicaciones equivalentes de otras Comunidades Autónomas, Vereda está muy por encima de la media en cuanto a funcionalidades. Si bien se trabaja aún en ciertas mejoras, es una de las mejores en todo el territorio”.

Asimismo, el trabajo conjunto en temas como la Violencia de Género o los programas pilotos desarrollados con la Policía y los Letrados de Justicia, son claros ejemplos de que la cooperación interinstitucional es clave para afrontar cualquier crisis y mejorar la Administración de Justicia.

Apuestas de futuro

Nuestro decano insistió en que “una mayor inversión, sobre todo en capital humano, cuya calidad en nuestra región es también un ejemplo, es clave para seguir superando la crisis y prevenir futuras”.

También hizo hincapié en la importancia de la Mediación “no solo porque sirve para aliviar la situación de los juzgados, sino porque es realmente un medio de resolución de conflictos efectivo”.  Aunque es necesario invertir formación de los profesionales y en pedagogía a la ciudadanía para mejorar el conocimiento y fomentar el uso de esta herramienta.

La puesta en marcha del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria (CMICAC) es una clara apuesta en ese sentido, que también está en desarrollo gracias al trabajo conjunto de distintas entidades.

Del mismo modo, tanto de Diego como la decana de los procuradores, insistieron en la urgente necesidad de mejorar las remuneraciones de los profesionales que prestan su servicio a la Justicia Gratuita “es necesaria una revisión de baremos, pues estamos por debajo de la media nacional”.

Si bien se esperaba un incremento de las solicitudes de Justicia Gratuita por parte de la ciudadanía en estos últimos trimestres, hasta el momento no ha sido así; “al contrario, estamos por debajo de las cifras de 2019, con casi 4.600 solicitudes en lo que llevamos de año, frente a las 7.000 del año pasado” expone de Diego.

Un hecho que no debe tomarse como positivo, sino como una situación transitoria, pues es evidente que la crisis económica provocada por la pandemia, tarde o temprano redundará en un mayor número de personas requirentes de este servicio. “Seguramente este incremento se dará a principios del 2021” comenta la decana de los Procuradores, Rosaura Díez.

La partida presupuestaria de 20,8 millones euros prevista para la Justicia el año próximo, junto a las partidas que lleguen de los fondos europeos servirán, en palabras de la consejera Fernández, para “solventar estas dificultades y dignificar la Justicia”.