Santander, 18 de septiembre de 2012.

Estimado/a compañero/a:

Por fin y después de haber transcurrido mucho más tiempo del deseado el Boletín Oficial del Estado del 4 de agosto pasado ha publicado el Real Decreto 1.192/12 de 3 de agosto por el que se regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria, a través del Sistema Nacional de Salud Español.

En esta norma se aborda el desarrollo de la disposición adicional sexta de la Ley 33/2011, que complementaba la Ley 14/1986, de 25 de abril, contemplando la progresiva extensión del derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.
El Real Decreto, atribuye la condición de asegurado, en su artículo 2, entre otros sujetos, a los siguientes:

“”Las no comprendidas en el apartado anterior, ni en el articulo 3 de este Real Decreto, que, no teniendo ingresos superiores en cómputo anual a 100.000 euros, ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

  1. Tener nacionalidad española y residir en territorio español.
  2. Ser nacionales de algún estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros.
  3. Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados anteriores, o apátridas y titulares de una autorización para residir en territorio español, mientas ésta se mantenga vigente en los términos previstos en su normativa específica.””
    La determinación de la referida cuantía se contempla en el art. 2.3 a lo que añade, en su art. 2.4 que:
  4. No tendrá la consideración de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria a la que se refiere el aparado 1.b) la prevista normativamente para la cobertura, a través de seguros obligatorios especiales de riesgos para la salud derivados de actividades concretas desarrolladas por la persona asegurada bien los concierte por sí misma, bien a través de un tercero. Tampoco tendrá esta consideración el estar encuadrado en una mutualidad de previsión social alternativa al régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social.””

Esta es una de las más importantes reivindicaciones que desde el CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA y desde los Colegios de Abogados, se ha venido manteniendo a lo largo de los últimos años y que ahora con satisfacción, aunque sólo sea parcial, por quedar excluidos aquellos cuyos ingresos superen los 100.000 euros, vemos reconocida.

El reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario del sistema público de salud corresponde a las Direcciones Provinciales del INSS, como trámite previo a la expedición de la correspondiente tarjeta sanitaria. Nos hemos puesto en contacto con la Directora Provincial y estamos pendientes de que nos comuniquen los trámites a seguir, de los cuales te informaremos.
Por último, y en cuanto al límite de los ingresos de 100.000 euros anuales, se tomarán en consideración los ingresos íntegros del trabajo, del capital, de actividades económicas y por ganancias patrimoniales.

En definitiva con el límite de 100.000 euros los profesionales afiliados a una mutualidad alternativa al RETA tendrán la consideración de asegurado a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud.

Celebro poder trasladaros esta magnífica noticia y deseándote una buena incorporación al trabajo, te envío un abrazo.

El Decano,
Fdo. Jesús Pellón Fernández-Fontecha.